Desde el pasado 25 de agosto, las principales plataformas online, redes sociales y motores de búsqueda están obligadas a cumplir con la Ley de Servicios Digitales. La normativa de la UE, que regula a las grandes tecnológicas, busca crear un entorno en línea seguro y responsable. Entre sus medidas más importantes figuran la lucha contra la desinformación, limitaciones en la publicidad, moderación de contenidos ilícitos y transparencia en los algoritmos.
Según afirma la Comisión Europea, gracias a la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), por primera vez se abren nuevas oportunidades para prestar servicios digitales a través de las fronteras, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección a todos los usuarios, con independencia del lugar donde residan en la UE.
La normativa entró en vigor el 16 de noviembre de 2022, aunque su aplicación se está realizando de forma progresiva y en diferentes fases. Así, desde el pasado viernes, 19 grandes plataformas tecnológicas (entre ellas, Google, Meta, Amazon, Wikipedia, X o TikTok) tienen obligación de cumplirla. Si no lo hacen, se enfrentan a elevadas multas de hasta el 6% de sus ingresos anuales globales y un bloqueo temporal en la UE.
A partir del 17 de febrero de 2024, también entrará en vigor para las plataformas con menos de 45 millones de usuarios activos en Europa. Para esa fecha, además, se exigirá que los distintos países miembros nombren un coordinador de servicios digitales, que será el encargado de revisar que se cumple la normativa.
La normativa favorece la innovación, el crecimiento y la competitividad, facilita la expansión de las plataformas más pequeñas, las pymes y las empresas emergentes, y pone en el centro a los ciudadanos, con el objetivo de proteger mejor a los consumidores y sus derechos fundamentales en línea. Gracias a la Ley, podrán optar a más opciones y precios más bajos y estarán menos expuestos a contenidos ilícitos.
Para las plataformas, la regulación establece un marco de transparencia y rendición de cuentas sólido y claro. Y para la sociedad en general, brinda un mayor control democrático y supervisión de las plataformas sistémicas y atenúa riesgos como la manipulación o la desinformación.
En la actualidad, los usuarios están expuestos a bienes, contenidos o servicios ilícitos, y todas las decisiones quedan, en su mayor parte, a discreción de las plataformas. El mayor impacto procede de aquellas que se han convertido en espacios casi públicos para la comunicación y el comercio.
Así, la Ley recoge las siguientes medidas:
Entre las principales preocupaciones de la UE se encuentra la desinformación y que ciertos servicios se puedan usar de manera que amplifiquen contenidos dañinos, lo que denomina riesgos sistémicos, entre ellos, la difusión de contenidos que tengan efectos negativos sobre la salud pública y el bienestar físico y mental de las personas.
En concreto, la normativa señala que las grandes plataformas tecnológicas deben centrarse en los sistemas u otros elementos que puedan contribuir a estos riesgos, incluidos todos los algoritmos y, en particular, sus sistemas de recomendación y de publicidad, dedicando especial atención a las prácticas de recogida y uso de datos.
Asimismo, indica que deben dedicar especial atención a cómo se utilizan sus servicios para difundir o amplificar contenidos incorrectos o engañosos, incluida la desinformación y, si ésta se produce, tendrán que reflejarlo debidamente en sus evaluaciones de riesgos.
Respecto a la moderación de contenidos ilícitos, como pueden ser publicaciones que promuevan la incitación al odio, el terrorismo, o la discriminación, aunque no se puede obligar a las plataformas a monitorizar todo lo que se publica, la Ley les exige que realicen informes anuales y públicos sobre sus políticas de moderación, y establezcan canales en los que los usuarios puedan denunciar este tipo de publicaciones.
La legislación comunitaria alerta de que los sistemas publicitarios utilizados por las plataformas y motores de búsqueda entrañan especiales riesgos y requieren supervisión pública y reguladora adicional. Por ello, propone que estas compañías deben garantizar el acceso público a los repositorios de anuncios publicitarios presentados en sus interfaces en línea, para facilitar su supervisión y la investigación de los riesgos que se derivan de su distribución.
Estos repositorios deben incluir el contenido de los anuncios, el nombre del producto, servicio o marca, datos sobre el anunciante y, si fuera diferente, de la persona física o jurídica que pagó el anuncio, y también información sobre su difusión, especialmente en lo que respecta a la publicidad personalizada.
La legislación establece medidas específicas, como la prohibición de mostrar anuncios segmentados utilizando categorías especiales de datos personales como, por ejemplo, la orientación política de los usuarios. Además, las plataformas en línea deberán ofrecer a los destinatarios del servicio una funcionalidad para declarar si el contenido que proporcionan es una comunicación comercial o contiene comunicaciones comerciales.
Entre otras obligaciones para las plataformas, se encuentra la aplicación de mecanismos de reducción de riesgos, auditorías independientes o la creación de protocolos de crisis.
La normativa recoge que los prestadores de plataformas en línea que utilicen sistemas de recomendación, establecerán en sus condiciones generales, con un lenguaje claro y comprensible, los parámetros principales utilizados en sus algoritmos, así como cualquier opción para que los destinatarios del servicio puedan modificar o influir en dichos parámetros.
Además, deberán explicar por qué se sugiere determinada información al usuario, para lo que tendrán que informar sobre los criterios que utilizan y las razones. A fin de vigilar y evaluar si las plataformas cumplen con este punto, el coordinador de servicios digitales o la Comisión pueden exigirles acceso o informes relativos a datos específicos, incluidos los datos relacionados con los algoritmos.
Las compañías ya están empezando a realizar cambios para adaptarse a la Ley. Meta ha anunciado que los usuarios europeos tendrán acceso a un nuevo feed cronológico, sin necesidad de ver contenidos clasificados por su propio algoritmo de recomendación, en las redes sociales Instagram y Facebook (también en las historias y los reels). Un cambio que obedece a la exigencia de que los usuarios puedan eliminar las recomendaciones personalizadas basadas en su seguimiento de actividad. TikTok ya cuenta con un nuevo algoritmo que no se basa en los perfiles de los usuarios.
Por su parte, el propietario de X (Twitter), Elon Musk, ha señalado que están trabajando duro para cumplir con la Ley.
Fuente: perfil Elon Musk en X (Twitter).
Y Google lleva años aplicando cambios y así lo han anunciado un día antes de la entrada en vigor de la nueva Ley. Entre ellos, se encuentra la actualización de su Centro de Transparencia para añadir detalles sobre cómo se utilizan los datos de los usuarios para los anuncios.
En concreto, las 19 plataformas afectadas por la Ley son X, TikTok, Instagram, Wikipedia, Zalando, Aliexpress, Amazon, la AppStore de Apple, Bing, Booking, Facebook, Google Search, Google Play, Google Maps, Google Shopping, LinkedIn, Pinterest, Snapchat y Youtube.
Uno de los impulsores del nuevo paquete legislativo, Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interno, ha afirmado que ya era hora de que la UE estableciera sus propias reglas, apostillando en un tuit “Una internet más segura para todos”.
Fuente: X (Twitter).
El comisario ha recalcado que la moderación de contenido no significa censura, añadiendo que en Europa no habrá un Ministerio de la Verdad, sino transparencia en procesos algorítmicos, bots y anuncios personalizados. Thierry Breton ha visitado en los últimos meses las sedes de las principales plataformas para abordar la aplicación de las nuevas normas. La Comisión Europea se ofreció a realizar pruebas de estrés a las compañías para ayudarles a encender bien lo que tenían que hacer. Según Breton, “ahora empieza la verdadera prueba”.