El periodismo, en la actualidad, se encuentra en un proceso muy importante de reconversión. Así lo afirmó el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Juan Caño, durante la presentación del Informe de la Profesión Periodística 2022, que elabora anualmente la institución. En esta edición, han colaborado 1.328 periodistas, la cifra más alta de los últimos años, y distintas asociaciones y sindicatos de periodistas de nuestro país.
El estudio refleja una recuperación importante del empleo periodístico desde 2021, con un descenso del paro en 2022 del 17%, alcanzando su nivel más bajo desde la crisis económica de 2008. El mayor número de parados en el sector se produjo en 2013, con 10.560 profesionales sin actividad, cifra que ha caído a 6.098 en la actualidad. Una muy buena señal de que el periodismo recupera fuelle.
Aún así, queda mucho por hacer, ya que lo que no ha experimentado la misma mejoría en este ejercicio han sido las condiciones laborales de los periodistas y comunicadores, con largas jornadas de trabajo, precariedad y baja retribución económica. Según el Informe, otro de los principales problemas de la profesión es la falta de independencia política y económica de los medios.
En este sentido, más de tres cuartas partes de los periodistas contratados y autónomos confiesan haber recibido presiones para modificar elementos significativos y relevantes de sus informaciones. Según la encuesta realizada a los profesionales, en torno al 10% las recibe de forma habitual. Como dato aún más importante, más de la mitad de las veces, las presiones se reciben de directivos de medio, que, a priori, como indica el director del Informe de la APM, Luis Palacio, deberían ser los primeros interesados en defender su independencia.
Fuente: página web de la APM.
La situación no es muy diferente en los departamentos de comunicación de empresas e instituciones. En torno al 70% de los profesionales reconoce que en su trabajo hay que presionar a los periodistas y un 15% asegura que lo hace con frecuencia. Unas presiones que generan a los profesionales problemas éticos, sobre todo a los periodistas de medios.
A pesar de ello, según el estudio, la independencia de los periodistas ha ganado unas décimas respecto al año anterior (un 4,7). En cuanto a la confianza de la sociedad española frente a la información que recibe de los medios, arroja un aprobado raspado (5,2), cayendo dos décimas respecto a 2021. Los encuestados, sobre todo los más jóvenes, creen que las empresas periodísticas son las responsables de mejorar esa imagen, por delante de asociaciones profesionales o los que consideran que la confianza se consigue con el trabajo.
Esta falta de independencia y de objetividad, junto a la falta de rigor y de calidad de la información, el sensacionalismo, y los intereses políticos o económicos de los medios son las principales razones que provocan que un 82% de los profesionales encuestados considere que la imagen actual del periodismo es mala.
Aún así, no deja de crecer el interés de la profesión por los jóvenes, que siguen abarrotando las aulas de las facultades españolas. En torno a 23.000 estudiantes se matriculan cada año en los distintos niveles del grado, a los que hay que añadir cerca de 4.000 alumnos de máster.
La adecuación de los planes de estudio a las necesidades reales profesionales sigue siendo una asignatura pendiente. Al menos, así lo cree el 74% de los encuestados, porcentaje que vuelve a crecer entre los más jóvenes, que consideran que la carrera de periodismo se debería adecuar al mercado de trabajo. Una demanda que no es nueva y que se viene escuchando cada año en las instituciones educativas.
Otra asignatura pendiente era el secreto profesional, hasta ahora. La profesión finalizó 2022 con una buena noticia. El Gobierno ha anunciado su regulación por ley orgánica, una protección al derecho a la información muy necesaria, ya que es uno de los principales derechos constitucionales. El secreto profesional de los periodistas está previsto en el artículo 20 de la Constitución, pero aún no había encontrado desarrollo legislativo.
La nueva legislación, que ya está en trámite parlamentario, comprenderá el derecho a no revelar la identidad de la fuente, así como cualquier otra información que pudiera conducir directa o indirectamente a su identificación. Según ha afirmado la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez “ningún periodista será perseguido por proteger la identidad de sus fuentes”.